Antes de alquilar un inmueble, es crucial verificar si eres un gran tenedor de viviendas. Esta posición definida en la Ley de Vivienda 12/2023 conlleva ciertos compromisos y medidas significativas.
Con la implementación de esta legislación, es indispensable mantenerse atento a los derechos y deberes. Por lo que conviene saber qué son, cuáles son sus consideraciones y los riesgos que deben asumir.
Ser un gran tenedor de viviendas significa poseer una determinada cantidad de propiedades urbanas de uso residencial. Este concepto jurídico fue creado para regular y fomentar el acceso a ellas para las personas con menos recursos.
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La Ley de Vivienda 12/2023 hace referencia al gran tenedor de viviendas como una persona física o empresa que dispone de 10 o más inmuebles urbanos. Este concepto también se aplica para las construcciones residenciales con más de 1.500 m2.
Sin embargo, la Comunidad Autónoma tiene la potestad de ajustar este concepto, siempre y cuando las propiedades se encuentren en un área declarada como tensionada. Tal y como ocurre en varios sitios de Cataluña, incluyendo Barcelona y su área metropolitana; se les considera así a quienes cuentan con 5 o más inmuebles.
Por otra parte, la legislación hace distinción entre el gran tenedor y un pequeño propietario, las cuales se describen a continuación:
Ambos deben mantenerse informados de cualquier cambio o actualización que pueda afectar su gestión a largo plazo.
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La legislación de España ha formalizado el término de “gran tenedor” para identificar a quienes tienen un impacto inmobiliario significativo.
La Ley de Vivienda considera así a aquellos titulares que tienen posesión de 10 o más viviendas. Asimismo, extiende esta definición a los dueños de 5 o más propiedades ubicadas en una misma zona tensionada.
Por otra parte, también se incluye en esta clasificación a quien posee construcciones de más de 1.500 m2 destinados a residencias.
Por supuesto, la ley es explícita en cuanto a las propiedades que determinan esta condición. En esta categoría se consideran:
Es necesario aclarar que la ley excluye de esta condición a locales comerciales, trasteros, garajes, oficinas y otros activos no residenciales.
De acuerdo a lo establecido en la ley, esta condición conlleva a ciertos compromisos adicionales. De igual modo, deben regirse por un conjunto de medidas regulatorias que pretenden balancear las operaciones y la seguridad del inquilino.
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Sin duda, estar en esta posición implica obligaciones más rigurosas, por lo que conviene actuar de manera inteligente y anticiparse a las posibles modificaciones en las legislaciones.
Los alquileres en España se rigen por la Ley de Vivienda 12/2023. Sin embargo, el gobierno también ha activado su potestad en áreas tensionadas, tal es el caso de Barcelona, que está declarado tensionado en su totalidad.
Entre las consideraciones más relevantes en estas áreas se incluyen las siguientes:
Estas imposiciones y preceptos regulatorios, aunque están pensados para proteger ambas partes, también representan un reto para el gran tenedor; puesto que deben adaptarse a un nicho más estricto.
La presencia de grandes tenedores en España ha sido el principal motivo de la implementación de legislaciones específicas. Con el fin de regular las operaciones inmobiliarias y garantizar el bienestar general, se aplican las siguientes leyes:
Es necesario mencionar que este tema sigue siendo de interés para la agenda legislativa. Por lo tanto, con la evolución del mercado, se estima que la legislación siga ajustándose en pro de los derechos de todos los involucrados.
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Ser un gran tenedor de viviendas genera un impacto significativo en el mundo inmobiliario. De hecho, esta condición juega un papel relevante a la hora de gestionar alquileres, especialmente, al concretar o prorrogar un contrato, incrementar la renta o en casos de desahucio.
Tienen el deber de ofrecer otras alternativas de alquiler a inquilinos con vulnerabilidad. De esta forma, deben ofrecer la máxima colaboración con la administración con el fin de garantizar la accesibilidad a vivienda en casos de emergencia habitacional.
La condición de gran tenedor de viviendas implica algunos beneficios, a continuación se mencionan algunos:
Mayor oportunidad para negociar con las otras partes involucradas debido a su posición en el mercado.
Contar con varias inversiones disminuye los riesgos, por lo que es común disponer de diversas viviendas en urbanismos diferentes.
Mayor accesibilidad a recursos financieros, lo que garantiza más oportunidades a altas rentabilidades en comparación a los pequeños propietarios.
Obtienen información actualizada para la toma de decisiones informadas, así como inversiones más rápidas.
La estrategia de inversión es más flexible, puesto que tienen una mayor capacidad para invertir en diferentes campos financieros.
Considerando que la Comunidad Autónoma no aplica restricciones específicas (por ahora), la condición de gran tenedor conlleva varios riesgos y desafíos, entre ellos:
Es posible que el Ayuntamiento adopte otras políticas (flexibles o estrictas) en relación a esta condición. Por otra parte, también existe la posibilidad de convenios temporales, así como el desarrollo de viviendas factibles en colaboración.
Aunque el gran tenedor opera de forma legal, puede ser blanco de protestas, campañas mediáticas o movimientos sociales si no cuida la relación con los inquilinos.
En este sentido, conviene ser transparente en todos los sentidos, ofrecer precios y servicios proporcionales, cuidar su ética y tener responsabilidad social.
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En España, el gran tenedor de viviendas es una pieza decisiva debido a su fuerte presencia en la gestión de alquileres. Sin embargo, de la mano de los derechos vienen las responsabilidades que garantizan la accesibilidad y estabilidad residencial.
Pese a su influencia en la oferta y demanda, la normativa establece imposiciones como: limitaciones en el precio, incremento de costos, mayor burocracia e inseguridad jurídica ante las modificaciones políticas a largo plazo.
Estar al tanto de estas consideraciones permite al gran tenedor operar legalmente. Del mismo modo, contribuye al desarrollo de una relación equitativa y sostenible entre las partes involucradas.
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